La función de la Contraloría General de la República abarca el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos. Esta función se realiza mediante la implementación de auditorías, inspecciones y revisiones fiscales, que permiten verificar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones y los resultados de la gestión de un Órgano o Ente de Estado que esté en su ámbito de control. En este contexto los funcionarios públicos y particulares eventualmente puede ser sometido a la verificación fiscal por parte de un órgano de control respectivo.
Este régimen de control lleva consigo una potestad sancionatoria para los casos de incumplimiento o violación de normas de control interno de la administración pública por parte de los funcionarios públicos o particulares en ejercicio de cualquier actividad administrativa.
Por consiguiente, los funcionarios públicos o particulares pueden verse involucrados en procedimientos administrativos sancionatorios por la ocurrencia de actos, hechos u omisiones, en el desempeño de sus funciones o actividades, que violen o menoscabe una disposición legal o sublegal administrativa. En consecuencia, pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa y sanciones de multas o inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
Nuestro equipo de profesionales cuenta con amplia experiencia en la asistencia y representación jurídica ante los procedimientos de potestad investigativa o determinación de responsabilidad que pueda afectar a un funcionario público o particular.
Nos especializamos tanto en procedimientos en vía administrativas como aquellos que conlleve una vía judicial contenciosos administrativo. Por lo que, contamos con los profesionales especialistas en la preparación de Recursos contra decisiones de responsabilidad administrativas de Órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal, tales como: Recursos Reconsideración y Recursos de Jerárquicos en vía administrativa; Recursos Contenciosos de Nulidad en vía judicial.